¿Dónde se deberían construir realmente las fábricas peligrosas? Veamos cómo lo hacen Alemania y Japón

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Tras la explosión en Tianjin, una de las preguntas principales fue: ¿por qué se construyen plantas químicas peligrosas cerca de las zonas residenciales? Si es inevitable construir tales plantas, ¿cómo se puede garantizar su seguridad? No siempre es necesario que las plantas químicas estén lejos de las zonas residenciales. En este sentido, cabe señalar que en otros países no todas las plantas químicas peligrosas están alejadas de las zonas residenciales. Tomando como ejemplo la fábrica del proyecto PX, según los medios de comunicación, no existe una norma estricta ni un estándar claro a nivel internacional que determine a qué distancia debe estar el proyecto PX de la ciudad. La distancia que debe haber entre un proyecto y una zona residencial depende, en gran medida, de condiciones externas como la distancia en la cadena de valor industrial, la facilidad de transporte y el tamaño del territorio. Muchas de las grandes plantas PX en el extranjero están muy cerca de las zonas residenciales locales. Estados Unidos es el segundo mayor productor mundial de PX. Las plantas industriales se encuentran principalmente en los estados del sur, como Texas y Florida. En el complejo industrial petroquímico de Houston, que abarca 12 millas cuadradas, hay varias grandes plantas de producción de PX; su capacidad total supera los 7 millones de toneladas al año. Y esta planta de producción de PX, con la mayor capacidad a nivel mundial, se encuentra a solo 1,2 kilómetros del pueblo más cercano. En los Países Bajos, el mayor productor de PX en Europa, las plantas de producción de este producto se encuentran concentradas en el parque industrial de Rotterdam. Entre ellas, la planta de Exxon-Mobil, construida en 1998, tiene una capacidad de producción anual de 350.000 toneladas de PX. La planta está a solo 300 metros del asentamiento más cercano. La supervisión y los sistemas son clave para garantizar la seguridad. Si las plantas químicas no necesariamente están lejos de las zonas residenciales, entonces una supervisión estricta y sistemas rigurosos constituyen la base para garantizar la seguridad. Japón no solo realiza estrictas inspecciones de seguridad en las grandes empresas químicas, sino que, según la legislación correspondiente, también impone restricciones estrictas en cuanto a la ubicación de las fábricas, con el objetivo principal de proteger el medio ambiente y la seguridad de los residentes de las zonas circundantes. En 1959, Japón promulgó la Ley de Planificación de Fábricas; la última modificación se realizó en 2010. Esta ley tiene como objetivo garantizar que la ubicación de las fábricas proteja el medio ambiente, así como el desarrollo económico y la seguridad de la población. La ley establece que el Ministro de Economía, Comercio e Industria debe consultar previamente a los expertos para investigar si la distribución de las fábricas es adecuada y cómo prevenir la contaminación ambiental. En concreto, al construir una fábrica, Japón **necesita investigar previamente las zonas residenciales de la región, recopilando datos sobre el terreno, la geología, otras condiciones naturales, la disponibilidad de agua y las condiciones de transporte. Las fábricas principales de la industria manufacturera, las empresas de energía eléctrica, las empresas de gas natural y las empresas de calefacción también deben someterse a investigaciones separadas. En Japón, las fábricas que cuentan con instalaciones para la evacuación de humos, sistemas de eliminación de aguas residuales, equipos que generan ruido, dispositivos que producen polvo y aparatos que causan vibraciones son denominadas fábricas específicas. Tanto para construir una “fábrica específica” como para añadir edificios a una fábrica existente, es necesario informar detalladamente a las autoridades locales del lugar. Si se determina que la construcción de una “fábrica específica” podría causar daños en las zonas circundantes, o si, según la normativa local, se considera que podría generar obstáculos en el entorno de vida de los vecinos, entonces se puede intervenir en la construcción de dicha fábrica. Otra medida clave para garantizar la seguridad es la transparencia y divulgación de la información. En 1974, ocurrieron dos accidentes graves en Seveso, Italia, lo que conmocionó a toda Europa. En particular, afectó profundamente a Alemania, país cuya economía se basaba en la industria química en ese momento. En 1980, Alemania promulgó el “Reglamento sobre accidentes químicos”, que establece en detalle las obligaciones de las empresas en materia de gestión de la seguridad y presentación de informes. También se establecen obligaciones relacionadas con la supervisión y prevención de otras reacciones en cadena. Los ciudadanos tienen derecho a recibir información relevante de manera oportuna. Además, existe una lista detallada de sustancias químicas. Hasta la fecha, este reglamento ya ha sido modificado en su 12ª versión. El accidente de Seveso también impulsó directamente la emisión, en 1982, por parte de la Comunidad Europea, de una directiva destinada a abordar los desastres graves causados por actividades en sectores específicos; dicha directiva pasó a conocerse como la «Directiva de Seveso». De acuerdo con esta directiva, los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que las fábricas que utilizan sustancias nocivas se mantengan a cierta distancia de las zonas residenciales, mediante el control de la ubicación de nuevas empresas, la modernización de las empresas existentes y otros planes de desarrollo. La tercera versión de la Directiva de Seveso fue publicada en 2012, y en ella se introdujeron más actualizaciones en los requisitos técnicos. Por ejemplo, se exige que las autoridades comuniquen información a los residentes, que tengan la obligación de informar a las empresas vecinas sobre los riesgos de seguridad existentes, que se difundan medidas para hacer frente a los accidentes, que se realice al menos una evaluación y inspección de seguridad profesional por parte de las empresas cada año, y que se incorpore la supervisión del público en la planificación del uso del suelo.