Análisis de las “Opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la reforma y el desarrollo en el ámbito de la seguridad en el trabajo”

Thread Content

El 18 de diciembre de 2016, se publicó el texto completo de las «Opiniones del Comité Central y del Consejo de Estado sobre la promoción de la reforma y el desarrollo en el ámbito de la seguridad laboral». Se trata del primer documento de carácter normativo relacionado con la seguridad laboral emitido en nombre del Comité Central y del Consejo de Estado desde la fundación de la República Popular China. En estas opiniones se destaca la necesidad de aplicar estrictamente el sistema de notificación inmediata de los accidentes. Asimismo, se establece que las entidades y personas que oculten, informen falsamente o con retraso sobre los accidentes deberán ser sancionadas conforme a la ley. Al mismo tiempo, las “Opiniones” proponen que las conductas ilícitas que puedan causar graves accidentes en la producción sean incluidas dentro del ámbito de aplicación del derecho penal. 　　La tendencia a la ocurrencia frecuente de accidentes laborales aún no se ha detenido. Según las “Opiniones”, nuestro país se encuentra en un proceso continuo de industrialización y urbanización. La escala de la producción y las operaciones sigue aumentando, y coexisten métodos tradicionales y modernos de producción. Existen numerosos riesgos y peligros relacionados con la seguridad, y la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad en el trabajo es deficiente. Además, los sistemas de supervisión y regulación, así como las leyes vigentes, no son adecuados. La responsabilidad de las empresas en este ámbito tampoco se cumple adecuadamente. Por lo tanto, los accidentes laborales siguen ocurriendo con frecuencia. En particular, los accidentes graves y extremadamente graves aún no se han podido controlar eficazmente. Algunos accidentes se están extendiendo desde sectores de alto riesgo a otros sectores, lo que pone en peligro tanto la seguridad en el trabajo como la seguridad pública. 　　Con este fin, las “Opiniones” establecen medidas claras en varios aspectos, como el perfeccionamiento de la implementación del sistema de responsabilidad en materia de seguridad laboral, la reforma del sistema de supervisión y control de la seguridad, la promoción de una gestión basada en la ley, el establecimiento de un sistema de prevención y control de riesgos, y el fortalecimiento de la capacidad para garantizar la seguridad. 　　Se exigirá rendir cuentas si no se aplican las medidas correctivas. En particular, las “Opiniones” subrayan que el desarrollo no debe realizarse a costa de la seguridad; se trata de una línea roja que no se puede cruzar. Asimismo, se recomienda incluir en el ámbito de aplicación del derecho penal aquellas conductas ilícitas que puedan provocar graves accidentes de seguridad en la producción. Se aplica el principio de “voto negativo” para la seguridad en la producción y para los riesgos relacionados con accidentes graves en dicha área. Dentro del plazo de un año desde la resolución del accidente, las autoridades locales encargadas de la investigación del mismo y los departamentos correspondientes del Consejo de Estado deben llevar a cabo una evaluación. Aquellas entidades y personas que no cumplan con sus obligaciones o no apliquen las medidas correctivas necesarias, serán sometidas a acciones legales y disciplinarias según lo establecido por la ley. 　　Según las normativas, todas las regiones y departamentos deben, teniendo en cuenta la realidad local, establecer con prontitud medidas políticas y prácticas para impulsar la reforma y el desarrollo en el ámbito de la seguridad laboral. Asimismo, es necesario definir claramente las responsabilidades y los plazos establecidos. La Oficina del Grupo de Liderazgo para la Reforma Integral a Nivel Central se encargará, en el momento oportuno, de dirigir la realización de inspecciones y supervisiones especiales. 　　Enfoque: Control estricto de prácticas como el intercambio de favores y dinero en el ámbito de la seguridad laboral. En este campo, los principales líderes del partido y del gobierno son los responsables principales en cada región; los demás miembros del equipo tienen la responsabilidad de dirigir las actividades relacionadas con la seguridad laboral dentro de sus áreas de competencia. Las distintas regiones y unidades deben establecer un sistema en el que el rendimiento en materia de seguridad laboral esté vinculado a la evaluación del desempeño, a los ascensos profesionales, así como a las recompensas y sanciones. Debe aplicarse estrictamente el sistema de “voto negativo” en lo que respecta a la seguridad laboral. 　　De acuerdo con lo dispuesto en las “Opiniones”, se debe investigar seriamente cualquier acto de negligencia o malversación en los procesos de aprobación de proyectos, concesión de licencias administrativas y cumplimiento de las normas de supervisión en el ámbito de la seguridad laboral, así como cualquier tipo de corrupción relacionada con el uso indebido del poder y del dinero. Se aplica un estricto sistema de notificación inmediata de accidentes; las unidades y personas que oculten, informen falsamente, omitan o demoren la notificación de accidentes serán sancionadas conforme a la ley y a las normativas aplicables. Se impone una prohibición profesional correspondiente, de conformidad con la ley, a aquellos empresarios y operadores que sean considerados responsables penalmente. Asimismo, se exigen responsabilidades legales de manera estricta a las instituciones y personas que participen en la prestación de servicios sociales y que tengan una gran responsabilidad en la ocurrencia del accidente; además, se impone una prohibición de trabajar en ese sector, también de acuerdo con la ley. 　　Ya en el año 2011, la Administración General de Supervisión de Seguridad emitió las “Normas para la investigación y sanción de los actos de ocultamiento o falsificación de informes sobre accidentes por parte de las unidades productivas”. Estas normas establecen los criterios para determinar cuándo se trata de un acto de ocultamiento o falsificación de informes: por ejemplo, cuando se oculta un accidente que ya ha ocurrido, o cuando no se informa a los departamentos encargados de la supervisión de seguridad y a las autoridades competentes dentro del plazo establecido. Si esto se confirma, se considera un acto de ocultamiento ； Quien intencionalmente no informe con exactitud sobre el momento y lugar en que ocurrió el accidente, las causas iniciales, su naturaleza, el número de víctimas y personas afectadas, así como las pérdidas económicas directas, está cometiendo un acto de falsa declaración. 　　Las decisiones de las autoridades administrativas que no se cumplan pueden ser ejecutadas por la fuerza, de acuerdo con la ley. Uno de los cambios importantes propuestos en las “Opiniones” es la modificación de las disposiciones pertinentes del código penal, de modo que las conductas ilícitas que puedan causar graves accidentes laborales durante el proceso de producción queden incluidas dentro del ámbito de aplicación del código penal. 　　La enmienda al Código Penal aprobada en 2006 (n.º seis) incluye varias disposiciones relacionadas con la seguridad en la producción. El artículo 134 del Código Penal, tras ser modificado, establece que quien infrinja las normas de seguridad en el proceso de producción o trabajo, causando así accidentes graves con víctimas o otros efectos negativos graves, será castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con detención ； En los casos en que las circunstancias sean especialmente graves, se impondrá una pena de tres a siete años de prisión. 　　En el ámbito de “fomentar la gobernanza basada en la ley”, es necesario establecer un sistema que permita la coordinación entre las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes administrativas y las autoridades judiciales penales. Los departamentos responsables de la supervisión de la seguridad en el trabajo deben fortalecer su colaboración con la policía, los fiscales y los tribunales, a fin de mejorar los mecanismos de comunicación de las informaciones relacionadas con las infracciones en materia de seguridad laboral, así como los procedimientos para transferir casos y llevar a cabo investigaciones conjuntas. En los casos en que las personas responsables de las infracciones se nieguen a cumplir con las decisiones administrativas relativas a la seguridad en el trabajo, los departamentos encargados de supervisar y regular esta área deben solicitar, conforme a la ley, que los órganos judiciales ejerzan la fuerza para hacer cumplir dichas decisiones. Mejorar el mecanismo de participación de los órganos judiciales en las investigaciones de accidentes, y sancionar severamente las conductas ilícitas. Se estudia la creación de un sistema de acciones judiciales de interés público, tanto civiles como administrativas, en materia de seguridad en el trabajo. 　　Un año después de que se cierre el caso del accidente, las autoridades competentes deberán organizar una evaluación. En el futuro, también será necesario que las autoridades competentes tomen medidas adicionales una vez que el caso quede cerrado. 　　Las “Opiniones” establecen la creación de un sistema de supervisión para la corrección de los problemas detectados en los accidentes. Dentro del plazo de un año desde que se cierre el caso del accidente, las autoridades locales encargadas de la investigación y los departamentos relevantes del Consejo de Estado deben realizar una evaluación y hacerla pública de inmediato. Aquellas unidades y personas que no cumplan con sus obligaciones o no apliquen las medidas correctivas necesarias, serán sancionadas según lo dispuesto por la ley. 　　Algunos lugares ya han explorado este aspecto. En las “Normas” emitidas por la provincia de Liaoning en septiembre de este año, se indica que, dentro del plazo de un año a partir de la fecha en que se apruebe el informe de investigación del accidente, la Oficina Provincial de Supervisión de Seguridad, en colaboración con los departamentos relevantes, deberá formar un grupo encargado de evaluar la implementación de las recomendaciones para resolver el accidente y las medidas correctivas. Dicho grupo deberá elaborar un informe de evaluación y presentarlo a la provincia correspondiente. 　　Además, las “Opiniones” establecen claramente la necesidad de crear un sistema de apoyo técnico para la investigación y análisis de accidentes. En todos los informes sobre investigaciones de accidentes debe haber secciones dedicadas a los problemas técnicos y de gestión, donde se analicen en detalle las causas de los mismos. Dichos informes deben publicarse en su totalidad, con explicaciones claras, a fin de responder a las preocupaciones del público. Ante las deficiencias y fallos detectados en la investigación del accidente en las leyes, regulaciones y sistemas normativos pertinentes, se debe iniciar de inmediato el proceso de formulación y revisión. 　　En el marco de la supervisión y aplicación de las normas relacionadas con la identificación y corrección de riesgos potenciales, se aplican medidas coercitivas contra aquellas empresas que no corrigen adecuadamente dichos riesgos: se les ordena detener sus operaciones o actividades de construcción, y se procede al secuestro de sus bienes. Además, se imponen sanciones económicas según lo establecido por la ley. En los casos en que se trate de delitos, se remite el caso a las autoridades judiciales para que se proceda a la investigación y enjuiciamiento correspondiente. Se aplica un sistema estricto de supervisión para los riesgos graves, y aquellos cuya corrección o seguimiento no se realice adecuadamente son incluidos en el ámbito de verificación y rendición de cuentas. Se realizan entrevistas y advertencias, así como se procede a la exposición pública de dichos casos; en los casos más graves, se responsabiliza a las personas involucradas de acuerdo con la ley y las normativas aplicables. 　　Análisis: Para garantizar la seguridad en el trabajo, es necesario también velar por la salud ocupacional. Según informes de CCTV, el Consejo de Estado y el Gobierno central han presentado recientemente propuestas para avanzar en las reformas en el ámbito de la seguridad en el trabajo. En ellas, las “Opiniones” subrayan que el desarrollo no debe realizarse a expensas de la seguridad; se trata de una línea roja que no se puede cruzar. Se ha establecido un sistema de responsabilidades en materia de seguridad laboral que prevé “responsabilidades compartidas entre el partido y el gobierno, responsabilidades múltiples para cada puesto, gestión conjunta y rendición de cuentas en caso de incumplimiento”. Se promueve la reforma del sistema de supervisión de la seguridad, respetando el principio de que la gestión de la seguridad laboral implica también la gestión de la salud ocupacional. 　　Las estadísticas indican que más del 90% de los accidentes se deben a prácticas ilegales o irregulares en la producción, operación y construcción por parte de las empresas. En esta opinión se exige claramente que las empresas asuman la responsabilidad total por la seguridad en el trabajo y la salud ocupacional en sus propias organizaciones, y que cumplan estrictamente con las obligaciones legales en materia de seguridad laboral. Los expertos afirman que esto supone una fuerte restricción para las empresas. 　　Ling Wen, miembro de la Academia China de Ingeniería, señaló que en más del 90% de los accidentes la causa radica en la falta de cumplimiento de las responsabilidades correspondientes. Por lo tanto, esta vez se ha establecido claramente que la responsabilidad por la seguridad en el trabajo es una responsabilidad principal de las empresas, y además, es una responsabilidad legal. Esto representa una gran presión para los responsables de las empresas, quienes deben asegurarse de que dichas responsabilidades se cumplan en todos los aspectos y durante todo el proceso. 　　Además, las “Opiniones para promover la reforma y el desarrollo en el área de la seguridad laboral” proponen la eliminación del sistema de depósitos como garantía para la seguridad laboral. También se sugiere mejorar las regulaciones correspondientes, ampliar el alcance de la atención médica para quienes padecen enfermedades profesionales, e incluir a estas personas dentro del marco de la seguridad social. Asimismo, se propone establecer un sistema unificado de supervisión y aplicación de normas en materia de seguridad laboral y salud ocupacional. Quienes se encargan de la seguridad en el trabajo también deben ocuparse de la salud ocupacional. Al respecto, los expertos señalan que la salud ocupacional es un aspecto bastante débil en nuestro trabajo de seguridad en la producción actual. La razón es que nos dedicamos con gran ímpetu al desarrollo económico, invertimos mucho en la prevención de accidentes, pero prestamos menos atención a la salud ocupacional. 　　Liu Tiemin, investigador del Instituto Chino de Investigación Científica en Seguridad Laboral, señaló que las enfermedades profesionales tienen una característica: su período de incubación es muy largo. Si no se toman medidas para resolver este problema ahora, habrá muchos riesgos potenciales. Liu Tiemin señaló que, según las opiniones expresadas en esta ocasión, quien se ocupe de la seguridad también debe encargarse de la salud ocupacional. Por un lado, esto permite controlar estrictamente los riesgos laborales en las empresas. Por otro lado, permite que los trabajadores que sufren daños por causas laborales reciban tratamiento y diagnóstico tempranos, así como que sean trasladados cuanto antes de esos puestos de trabajo peligrosos. Esto es muy beneficioso para proteger la salud de los trabajadores.